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ACTIVISMO  Dossier AMEC: El cannabis
en España, situación actual. LA REPRESIÓN COMO RESPUESTA.
Dossier AMEC: El cannabis en España, situación actual LA REPRESIÓN COMO
RESPUESTA
Durante este verano, las autoridades, coordinadas por el Plan Nacional
sobre Drogas, han desencadenado una ofensiva sin precedentes contra los
cultivadores de cáñamo para uso personal (autocultivo). Decenas, probablemente
cientos de personas en todo el estado, han sido detenidas durante estos
meses estivales por el terrible crimen de tener plantas de cáñamo en su
casa o en sus propiedades. La cacería de cultivadores se completa con
una campaña de acoso a las tiendas que venden material de cultivo (grow-shops).
Junto a todo esto, continúa el ascenso imparable de las multas por tenencia
ilícita, batiéndose de nuevo este año el record de sanciones. Todos estos
factores parecen indicar que nos encontramos antes un intento de las autoridades
de incrementar la represión contra los consumidores de cannabis, especialmente
contra aquellos que eligen el autocultivo como alternativa a las adulteraciones
y los altos precios que ofrece el mercado negro. Ésta es la respuesta
que dan las autoridades al incremento del consumo de cannabis, en general,
y al aumento de consumidores que plantan marihuana para su autoconsumo,
en particular.
Mientras las encuestas muestran que los índices de percepción de riesgo
están en mínimos históricos, especialmente entre las generaciones más
jóvenes, las autoridades responden con la fuerza para, según Gonzalo Robles,
“evitar una sensación de impunidad”. En realidad, quieren terminar con
una sensación de normalidad, que es la que se respira ahora mismo en nuestras
calles.
OFENSIVA CONTRA EL CULTIVO DE MARIHUANA Este verano no ha habido semana
en la que no se publicasen varias noticias sobre la detención de cultivadores
de marihuana con unos enormes alijos de droga (6 plantas en unas veces,
otras 10...). Eso no es del todo nuevo, y en parte la profusión de casos
se explica por el crecimiento del número de consumidores que han decidido
dejar de adquirir cannabis en el mercado negro. Lo que sí es nuevo es
que se llegue a situaciones tan absurdas como que cinco chicos cántabros
que cultivaban seis plantas de cáñamo puedan ir a la cárcel por un inexistente
delito de tráfico de drogas. O que las delaciones a cargo de vecinos que
arreglan así sus disputas sea el método con el que “trabajan” las fuerzas
policiales.
Hasta este año, los fiscales antidroga actuaban cuando los informes policiales
de las incautaciones de plantaciones caseras revelaban un gran número
de plantas. Sin embargo ahora, para sorpresa incluso de los propios agentes
que participan en las redadas, los fiscales actúan sistemáticamente contra
todos los plantadores, que son detenidos, fichados e imputados por un
posible delito contra la salud pública.
Además, a la hora de pesar las plantas, muchos agentes no tienen en cuenta
que los machos (un 30-50% de la producción) no son psicoactivos, ni parecen
saber que lo que se consumen son las hojas y los cogollos (y no el tallo,
las ramas o la raíz), ni que la planta se consume seca (durante el proceso
de secado pierde entre el 60 y el 75% de su peso). Tampoco se tiene en
cuenta que las plantas hembras no son psicoactivas hasta el mes de septiembre,
cuando ya está avanzado el proceso de floración.
El resultado de tanta chapuza es una indefensión tal, que la simple presencia
del abogado del cultivador durante el proceso de secado puede reducir
el peso del alijo en unos cuantos kilos. La inmensa mayoría de los procesos
abiertos por autocultivo se archivan sin llegar a juicio, dado que se
les acusa de un delito inexistente (tráfico de drogas, pero en realidad,
el presunto objeto del tráfico crece en una maceta, por lo que no se produce
ningún delito concreto, en todo caso una falta por tenencia ilícita de
cannabis –siempre y cuando la aprensión se produzca cuando la planta esté
madura y tenga THC, dado que en caso contrario, no sería una droga). A
pesar de que, salvo excepciones, todo suele terminar bien, el cultivador
pasa un par de meses con abogados, pendientes de ir a declarar, con los
consiguientes malos ratos para ellos y sus familias (con el consiguiente
despilfarro de recursos económicos y humanos por parte del Ministerio
de Justicia). D
e todos modos, nos preguntamos si la expresión reducción de daños tiene
algún significado para Gonzalo Robles y su Plan Nacional sobre Drogas.
No quieren que nadie cultive, prefieren que todo el mundo compre chocolate
de dudosa calidad y a precio de oro a las mafias. ¿Por qué? Estas incautaciones
de plantaciones caseras afectan especialmente a un colectivo ya de por
sí suficientemente castigado, como es el de los enfermos de un buen número
de males (SIDA, cáncer, artritis, glaucoma, etc.) que alivian sus padecimientos
con el cannabis. Si ya es deleznable quitarle las plantas a un consumidor
para que se vaya a algún parque a financiar a las mafias, resulta mucho
más ruin cortarle a un enfermo el abastecimiento estable que tanto necesita
y que es tan difícil de conseguir (recordemos que para determinadas enfermedades
no vale cualquier variedad de cáñamo, sino la conocida como Ruderalis).
Si un consumidor se molesta en plantar es por dejar de comprar en el mercado
negro un hachís adulterado y caro (hasta 6 €/gramo) para consumir una
sustancia mucho menos dañina, cultivada por él mismo y que a la larga
sale bastante más barata. Además, deja de financiar con su dinero a las
mafias del mercado negro, actitud que debería valorarse positivamente
y, por qué no, ser alentada oficialmente como parte de un programa más
amplio que tenga como perspectiva la reducción de daños, y no la represión
de las libertades individuales.
CAMPAÑA DE ACOSO A LAS GROW-SHOPS La persecución de los cultivadores se
complementa con otra campaña de acoso a las tiendas conocidas como grow-shops.
Estos establecimientos aparecieron a partir de 1997 y comercializan todo
tipo de artículos relacionados con el cáñamo, especialmente elementos
para el cultivo. Ya durante la pasada primavera apareció en la prensa
la noticia de la incautación de un alijo de piruletas de cannabis (que
como no son psicoactivas no se pueden considerar droga). En los meses
siguientes, se han inspeccionado sistemáticamente las tiendas. Los resultados
han sido curiosos y dispares. En unos sitios, funcionarios de Sanidad
han confiscado frascos de champú en base a una normativa farmacéutica,
en otros han sido los de Agricultura los que se han llevado los abonos,
y en otros, los objetos requisados han sido caramelos y gominolas con
sabor a cannabis.
La finalidad de la campaña, más que lograr el cierre judicial de las tiendas,
persigue poner trabas y molestar a unos empresarios que pagan sus impuestos
como otros cualquiera. Al igual que en el caso de los cultivadores de
marihuana, la mayoría de causas se archivarán porque no tienen ni pies
ni cabeza, pero el daño de los meses que dura el proceso (juicios, abogados,
declaraciones...) es el arma que esgrime el Plan Nacional sobre Drogas
para desalentar a todos aquellos que quieran abrir establecimientos parecidos.
Hace meses hubo otra campaña parecida de acoso a tiendas que vendían sustancias
naturales con efectos parecidos a las sustancias de diseño (MDMA, LSD,...).
Dicha campaña, con un gran efecto mediático, pasó rápidamente al olvido
después de que dos chicos muriesen por sobredosis de éxtasis en una fiesta
de Málaga. ¿Siempre hay que esperar a que se produzcan desgracias para
que se corrijan los errores?
DIEZ AÑOS DE LEY CORCUERA (1992-2002) En 1992 entró en vigor la Ley de
Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Corcuera. En ella se contemplaban multas
para quienes consumiesen o portasen drogas ilegales en la vía pública.
Eran años en los que la heroína golpeaba fuerte y no eran infrecuentes
los toxicómanos que se inyectaban en parques o callejones, con los consiguientes
problemas de salud e inseguridad. Sin embargo, diez años después de la
promulgación de la ley los principales perjudicados por la medida son
unos consumidores que no causan problemas sociales: los consumidores de
cannabis. En el año 2001 fueron denunciadas 112.269 personas en todo el
estado. Es decir, 307,6 multas cada día. Ese año ha supuesto el colofón
de un continuo ascenso (63.855 denuncias en el año 1997). Y para el 2002,
la cifra será aún más alta, dado que, según el Plan Nacional sobre Drogas
ha reconocido que sólo durante el mes de julio han sido denunciadas casi
11.000 personas por tenencia de drogas en lugares públicos en actuaciones
que corresponden a la Guardia Civil (habría que sumarle las actuaciones
del resto de policías nacionales, autonómicos y locales para tener la
cifra total). La Guardia Civil, durante todo el verano de 2000 (Operación
Menudeo) puso un total de 15.295 denuncias.
Por la gente que pasa por la AMEC en busca de asesoramiento para recurrir
las multas, podemos afirmar que un 90% de los afectados han sido denunciados
simplemente por poseer cannabis. Las razones que se dan para lanzar estas
ofensivas contra los consumidores son la de controlar el tráfico a pequeña
escala y evitar la sensación de impunidad que genera el consumo. Sobre
el tema del tráfico, que crea “alarma social” y degrada la convivencia
en las zonas afectadas, es algo en lo que estamos de acuerdo. Pero los
consumidores no son traficantes. Entre las sustancias aprehendidas en
acciones contra el narcotráfico a pequeña escala durante el mes de julio,
destacan los tan sólo 279 gramos de derivados del cannabis confiscados
frente a los 60 kilos de heroína o las 4.500 pastillas de éxtasis intervenidas.
Por lo tanto, no se debería relacionar a la ligera el consumo de cannabis
con el narcotráfico. Además las autoridades reconocen que el consumo en
la vía pública ofrece “una imagen de impunidad” (nosotros diríamos que
la imagen es de normalidad) y su recurso es, una vez más, la represión
pura y dura.
Todo esto después de que la presión sobre los bares que toleraban el consumo
de cannabis en su interior haya provocado que miles de personas se vean
obligadas a consumir en calles y coches, especialmente durante los fines
de semana. Las consecuencias de esto, aparte del efecto económico de las
sanciones (que en el caso de los consumidores más jóvenes suelen ocasionar
pequeños dramas familiares), es que los más de dos millones de consumidores
habituales de cannabis en España se ven obligados a jugar a diario al
ratón y al gato con la policía. Todo esto genera desconfianza en el sistema,
dado que, gente de todo tipo y condición que no vulnera la ley en ningún
otro caso, se ve obligado por las leyes a desobedecer determinadas normas
para ejercer su derecho a consumir una sustancia menos dañina para su
salud que el tabaco o el alcohol, drogas legales con las que el Estado
hace negocio por medio de los impuestos.
EL CAMBIO SOCIAL Este tridente represivo crece en un momento en el que
el consumo de cannabis ya no sufre los estigmas del pasado. Desde el histórico
informe de la Organización Mundial de la Salud de 1998, en el que se certificaba
que el cannabis es una droga menos peligrosa que otras tan legales y familiares
como el tabaco, el alcohol o la cafeína. La gente cada vez está más informada
respecto a la planta (su cultivo, su consumo, etc.) y se multiplican los
estudios médicos que demuestran su utilidad para tratar determinadas dolencias
como el SIDA o el cáncer.
La percepción de riesgo asociada al cannabis está en mínimos históricos.
Como ejemplo, a pesar de las campañas alarmistas del Plan Nacional Sobre
Drogas y la FAD, tan sólo un 23% de los jóvenes entre 15 y 24 años considera
que el Cannabis lleve aparejado un alto riesgo (esto da una idea de la
eficacia de las multimillonarias campañas de información que periódicamente
llevan a cabo, con dinero público, los citados organismos). La tolerancia
también ha aumentado mucho entre los no consumidores (amigos, familias),
tolerancia motivada muchas veces por la represión que sufren sus seres
queridos.
En cuanto al consumo, el Cannabis es la droga (entre las legales y las
ilegales) cuyo uso ha experimentado un aumento progresivo y continuo en
la última década. A la cifra de más de dos millones de consumidores habituales
que citábamos antes, se puede añadir que un 29,4% de los jóvenes entre
15 y 24 años lo han probado alguna vez y, de estos, un 15% lo consumen
de manera habitual. Si se mira la encuesta del Plan Nacional Sobre Drogas
efectuada entre jóvenes de 14 y 18 años, el porcentaje de consumidores
habituales sube hasta el 20%. Si ese sector de población es el que más
preocupa al zar antidroga español, resulta que sus políticas informativas
y preventivas (o mejor dicho, la ausencia de unas políticas serias y realistas),
estimulan el consumo en edades en las que es ilegal que consuman incluso
alcohol o tabaco (la edad media de inicio se sitúa en los 15 años). ¿Cuánto
cobra el señor Robles? ¿Existe algún tipo de control político o social
sobre los éxitos del Plan Nacional sobre Drogas y la FAD? No lo parece.
Todos miran hacia otro lado y son los programas sensacionalistas de la
televisión los que cacarean los eslóganes oficiales contribuyendo a aumentar
la confusión (como ha ocurrido con muchas noticias sobre incautaciones
de plantas o como ya había pasado con el éxtasis tras los tristes sucesos
de Málaga –por cierto, otro ejemplo de los éxitos que cosechan las políticas
oficiales de información y propaganda). Creemos que es hora de que empiece
a haber un debate serio sobre las políticas de drogas en este país. La
sociedad ha avanzado, ha evolucionado mucho en estos últimos diez años
y es hora de adecuar las políticas a los nuevos usos sociales.
Deben terminar ya las políticas represivas que lo único que hacen es producir
un consumo más masivo y de peor calidad, con más riesgos para la salud
del consumidor. La reducción de daños debe ser el punto de mira de una
nueva política que apoye al ciudadano en vez de beneficiar a los traficantes
y a quienes blanquean el dinero de las drogas ilegales. Es imprescindible
que más de dos millones de ciudadanos adultos y responsables dejen de
sentirse acosados y perseguidos por las fuerzas del orden y las instituciones.
Es hora de decidir qué solución se les da a los cientos de enfermos que
preguntan en las asociaciones cómo conseguir algo de marihuana para soportar
la quimioterapia o mejorar sus articulaciones.
Ese debate debería comenzar antes de que en la primavera del año 2003
se celebre en Viena una sesión extraordinaria de la ONU para analizar
los resultados de los cinco primeros años de aplicación del Plan Antidroga
aprobado en la Asamblea General sobre Drogas del año 1998. Allí nuevamente
se repetirán las tensiones entre los países proclives a la mano dura (empezando
por los EEUU) y aquellos que buscan alternativas diferentes para sus problemas
(países europeos, con Holanda, Suiza, Gran Bretaña y Alemania a la cabeza,
y varios estados andinos con movimientos cocaleros como Bolivia). La delegación
española debería tener claros cuáles son los principios que deben inspirar
las políticas sobre drogas del futuro y no apoyar planes que resultan
auténtica ciencia-ficción.
Como muestra, en la Asamblea del 98 se aprobó que en el año 2008, en el
planeta Tierra no habría ni cocaína, ni heroína, ni cannabis, ni éxtasis,
ni... Pero para tener una perspectiva internacional primero hay que tener
una nacional, algo que sin debate, sin un análisis sincero de la situación,
no será posible. En materia de drogas, especialmente en el caso del cáñamo,
España sigue siendo el país de la chapuza y la improvisación. Recogido
de la lista de correo del ICN
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