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Comunicado e informe sobre declaraciones de Gonzalo Robles


COMUNICADO DE LA ASOCIACION DE INTERNAUTAS DEL CANNABISCAFE PIDE LA DIMISION DE GONZALO ROBLES SUS DECLARACIONES ATENTAN CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LA LIBERTAD DE COMERCIO Y EL DERECHO AL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN DEL COLECTIVO CANNABICO

Comunicado de prensa de la AICC, Asociación de Internautas del Cannabiscafe (número 169033 de la sección 1ª del registro nacional de asociaciones), plataforma virtual que integra a consumidores de cannabis de todo el estado El delegado del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, ha preguntado recientemente a la fiscalía especial antidroga si puede actuar contra revistas y tiendas por hacer “clara cultura de apología del consumo” de cannabis. “Hay una promoción de la cultura del cannabis", dijo, aseverando que "hay gente que fomenta el consumo y hay tiendas que permiten la venta de semilla y todos los instrumentos para el cultivo", y donde "se dan claras explicaciones de cómo se puede ir hacia el autoconsumo".

Por lo visto el Señor Robles opina que "no hay claridad" sobre la cobertura legal de tiendas y revistas. Nuestro gabinete jurídico ha elaborado un informe sobre los errores contenidos en estas declaraciones que se adjunta al comunicado. Consideramos un espectáculo deplorable que un funcionario de tan alto nivel manifieste públicamente este grado de desconocimiento. ¿Cómo se concibe hacer apología de una planta o su consumo?, la apología va siempre referida a un delito. Mal que le pese al señor Gonzalo Robles el cultivo de cannabis para el autoconsumo es legal. Las leyes persiguen el trafico, no al consumidor que cultiva lo que precisa, no hay vacío alguno sobre esto. Que el delegado del gobierno para el PNSD no se entere de la situación, no significa que no este clara.

Lo que si es sorprendente que Robles siga representando esta farsa, con el indudable animo de crear alarma social, después de que la Fiscalía General del Estado se inhibiese sobre este asunto y los fiscales antidroga le explicasen, el mes pasado, que sus intenciones no tienen base jurídica. No contento con publicitar masivamente la campaña “mas información menos riesgos”, basada en un folleto lleno de falacias y mentiras, el señor Robles quiere resucitar a la inquisición para tomar medidas contra los colectivos que están difundiendo autentica información veraz, seria, científica y contrastada. Así se mantienen las imposiciones morales como la prohibición del cannabis, encendiendo hogueras, ejercitando la censura y acusando al hereje de delitos de opinión. Si reconoce en sus declaraciones la existencia de una cultura del cannabis, es incomprensible que a renglón seguido acuse a los medios de comunicación cannabicos de apología.

Eso es pretender de un plumazo negar a un sector social el derecho a la información y la libertad de opinión. Otro tema respecto al que no hay ninguna ambigüedad ni vacío legal es el de la venta de semillas de cannabis, que están claramente excluidas de la fiscalización en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Si la intención del PNSD es pedir que se rechace el convenio, será la primera vez que pida lo mismo que los cannabicos, pues nosotros somos los primeros en no estar de acuerdo con la arbitraria clasificación que establece este tratado. Rompamos pues con el tratado pero abramos luego un autentico debate plural sobre el cannabis y su situación. Es tiempo de impulsar una política de drogas justa y eficaz, basada en verdaderos criterios de defensa de la salud publica, no baremos morales trasnochados que nada tiene que ver con la realidad social.

A pesar de la desinformación sistemática y las leyes coercitivas, los consumidores de cannabis han sido capaces de organizarse para colapsar el circulo de mercado negro, adulteración, mafia, mentiras y corrupción que caracteriza al tráfico de hachís marroquí. Puede hablarse en este sentido de una “experiencia española”,basada en ciudadanos que cultivan marihuana de buena calidad para el autoconsumo, se informan en los medios que consideran pertinentes y se abastecen de material en tiendas donde se pagan impuestos y se respeta la legalidad. A no ser que se quiera beneficiar a la mafia marroquí no se debería impulsar retrocesos en esta experiencia. En nuestra opinión, Gonzalo Robles usa su condición de fuente privilegiada en los medios de comunicación para disimular, entre patochadas y ocurrencias, la suma ineficacia de su gestión.

El fracaso del PND y sus estrategias coactivas es rotundo, el consumo de cannabis crece todos los años según las propias cifras del PND y el auto cultivo se extiende imparable por todo el estado. Cualquier funcionario que hubiese cometido la mitad de errores en otro puesto habría dimitido/cesado hace tiempo. Ha ido culpando de su propia ineptitud a todo el que ha podido, primero fueron padres y educadores que no reprimían suficiente y ahora son las revistas y tiendas que no le dan la razón. Ya va siendo hora de que el señor Robles cese de esconderse, rinda cuentas de su nefasta actuación y dimita, única vía que le queda si le resta un ápice de dignidad.

INFORME JURIDICO APOLOGIA DEL CONSUMO

La apología se define en el Código Penal, refiriéndose al terrorismo, en su artículo 578, en estos términos, “el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos de terrorismo comprendidos en los artículos 571 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de 1 a 2 años” Según la doctrina del Tribunal Supremo, “la apología cuando se persigue penalmente es un delito de opinión sobre otro delito distinto, pero que no puede ser confundido con este segundo. De no ser así, esto es, si la apología del terrorismo fuera también delito de terrorismo, tendría que ser tratada de igual modo como delito 'la apología de la apología', lo que conduciría directamente al absurdo".

También discierne entre lo que son actos y delitos de terrorismo "y los que sin pertenecer a esta categoría clasificatoria, es decir sin ser actos de terrorismo, expresan alguna forma de apoyo o solidaridad con los mismos o sus autores, manifestada públicamente. Mientras la primera clase de acciones se ha perseguido y se persigue siempre en todas sus modalidades", la segunda -la apología- "a veces es impune y con frecuencia conoce solo formas atenuadas de persecución". Por su parte el Tribunal Constitucional señaló en una sentencia en 1987 que "la manifestación pública, en términos de elogio o exaltación de un apoyo o solidaridad moral o ideológica con determinadas acciones delictivas, no puede ser confundida con tales actividades".

Así las cosas, para imputar un delito de apología a los Grow-shops, se tendría que demostrar que estas tiendas “enaltecen, justifican por cualquier medio de expresión pública o difusión los delitos comprendidos en los artículos 368 y ss del Código Penal (es decir, de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas) o quienes hayan participado en su realización”. Al tratarse los delitos contra la salud pública de los llamados delitos sin víctima, el segundo párrafo no tendría lugar. El delito del que se haga apología, debe ser de un delito o delincuente concreto de tráfico, es decir, de la transmisión a terceros de cannabis, salvo que se trate de los supuestos de consumo compartido admitidos por el Tribunal Supremo.

Para sancionar la conducta descrita sería necesaria la modificación del Codigo penal, que al tratarse de una Ley Orgánica, necesita de mayorías especiales para su aprobación en las Cámaras Legislativas. Se tendría que crear un nuevo artículo en el Codigo, que sancionase la apología del tráfico, NUNCA del consumo, de cannabis. Esto no es tarea de un día, ni lo puede emprender un gobierno, a lo valiente, sin el apoyo del resto de partidos políticos y, en definitiva, de la ciudadanía. El consumo de cualquier droga NUNCA es delito. Sólo puede ser constitutivo de infracción administrativa cuando se realiza en lugares públicos, conducta ya sancionada por la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana, y al no ser delito penal, no es susceptible de ser sancionada su apología. Aún así, en este hipotético caso, la apología del tráfico, nunca del autocultivo de cannabis, se sancionaría con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas para tráfico de cannabis (1 a 3 años), es decir de 0 a 1 año. Al tratarse de una pena inferior a un año, podría ser sustituida a criterio del Tribunal por arrestos de fin de semana o multa.

La posibilidad de penar con prisión (no habría consultado a la Fiscalía en otro caso) a las tiendas por apología de un tóxico, sin hacer referencia a conducta alguna, argumentado como motivo el abrir este consumo las puertas a otros consumos (la llamada teoría de la escalada), no resistiría un análisis legal mínimamente serio. Ni siquiera la “teoría de la escalada” que el Delegado propone tiene un sustento científico sólido. A nuestro juicio, decir que es mejor consumir cannabis de calidad cultivado por ti, que consumir un producto adulterado, obtenido en el mercado ilegal, sin ninguna garantía, no es reprochable jurídicamente.

Y mucho menos penalmente, partiendo de la base de que el consumo privado es legal, así como el cultivo personal para el autoabastecimiento, admitido por el Tribunal Supremo. Además, las semillas están claramente exceptuadas en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Las semillas al carecer de principio activo, no son drogas, y por tanto, no pueden considerarse sustancias susceptibles de ser sometidas a fiscalización En definitiva, persiguiendo a los Grow-Shops no se está persiguiendo el tráfico de drogas, sino a los propietarios de estos establecimientos y a los consumidores de cannabis en general, un colectivo que ya se ve bastante agraviado por la Ley 1/1992, siendo el 90% de los sancionados por tenencia de cannabis, casi siempre cantidades muy pequeñas, con una media de entre 3 y 6 gramos por decomiso, es decir, seguramente lo destinado a consumo propio. Se está sugiriendo la aplicación de una medida ineficaz que atenta frontalmente contra los derechos de un porcentaje nada despreciable de la población española.

Los datos más recientes sobre consumo de drogas aportados por la Encuesta Domiciliaria sobre Drogas 1999 - realizada sobre una muestra de 12.488 entrevistas a españoles de 15 a 65 años - confirman que el cannabis es la droga ilegal más consumida. La ha probado alguna vez un 19,5% españoles, la ha consumido en el último año un 6,8% y en el último mes un 4,2%.