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ACTIVISMO  Dossier AMEC: El cannabis
en España, situación actual LA REPRESIÓN COMO RESPUESTA
Durante este verano, las autoridades, coordinadas por el Plan Nacional
sobre Drogas, han desencadenado una ofensiva sin precedentes contra los
cultivadores de cáñamo para uso personal (autocultivo). Decenas, probablemente
cientos de personas en todo el estado, han sido detenidas durante estos
meses estivales por el terrible crimen de tener plantas de cáñamo en su
casa o en sus propiedades.
La cacería de cultivadores se completa con una campaña de acoso a las
tiendas que venden material de cultivo (grow-shops). Junto a todo esto,
continúa el ascenso imparable de las multas por tenencia ilícita, batiéndose
de nuevo este año el record de sanciones. Todos estos factores parecen
indicar que nos encontramos antes un intento de las autoridades de incrementar
la represión contra los consumidores de cannabis, especialmente contra
aquellos que eligen el autocultivo como alternativa a las adulteraciones
y los altos precios que ofrece el mercado negro.
Ésta es la respuesta que dan las autoridades al incremento del consumo
de cannabis, en general, y al aumento de consumidores que plantan marihuana
para su autoconsumo, en particular. Mientras las encuestas muestran que
los índices de percepción de riesgo están en mínimos históricos, especialmente
entre las generaciones más jóvenes, las autoridades responden con la fuerza
para, según Gonzalo Robles, “evitar una sensación de impunidad”. En realidad,
quieren terminar con una sensación de normalidad, que es la que se respira
ahora mismo en nuestras calles. OFENSIVA CONTRA EL CULTIVO DE MARIHUANA
Este verano no ha habido semana en la que no se publicasen varias noticias
sobre la detención de cultivadores de marihuana con unos enormes alijos
de droga (6 plantas en unas veces, otras 10...). Eso no es del todo nuevo,
y en parte la profusión de casos se explica por el crecimiento del número
de consumidores que han decidido dejar de adquirir cannabis en el mercado
negro. Lo que sí es nuevo es que se llegue a situaciones tan absurdas
como que cinco chicos cántabros que cultivaban seis plantas de cáñamo
puedan ir a la cárcel por un inexistente delito de tráfico de drogas.
O que las delaciones a cargo de vecinos que arreglan así sus disputas
sea el método con el que “trabajan” las fuerzas policiales.
Hasta este año, los fiscales antidroga actuaban cuando los informes
policiales de las incautaciones de plantaciones caseras revelaban un gran
número de plantas. Sin embargo ahora, para sorpresa incluso de los propios
agentes que participan en las redadas, los fiscales actúan sistemáticamente
contra todos los plantadores, que son detenidos, fichados e imputados
por un posible delito contra la salud pública. Además, a la hora de pesar
las plantas, muchos agentes no tienen en cuenta que los machos (un 30-50%
de la producción) no son psicoactivos, ni parecen saber que lo que se
consumen son las hojas y los cogollos (y no el tallo, las ramas o la raíz),
ni que la planta se consume seca (durante el proceso de secado pierde
entre el 60 y el 75% de su peso). Tampoco se tiene en cuenta que las plantas
hembras no son psicoactivas hasta el mes de septiembre, cuando ya está
avanzado el proceso de floración. El resultado de tanta chapuza es una
indefensión tal, que la simple presencia del abogado del cultivador durante
el proceso de secado puede reducir el peso del alijo en unos cuantos kilos.
La inmensa mayoría de los procesos abiertos por autocultivo se archivan
sin llegar a juicio, dado que se les acusa de un delito inexistente (tráfico
de drogas, pero en realidad, el presunto objeto del tráfico crece en una
maceta, por lo que no se produce ningún delito concreto, en todo caso
una falta por tenencia ilícita de cannabis –siempre y cuando la aprensión
se produzca cuando la planta esté madura y tenga THC, dado que en caso
contrario, no sería una droga). A pesar de que, salvo excepciones, todo
suele terminar bien, el cultivador pasa un par de meses con abogados,
pendientes de ir a declarar, con los consiguientes malos ratos para ellos
y sus familias (con el consiguiente despilfarro de recursos económicos
y humanos por parte del Ministerio de Justicia). De todos modos, nos preguntamos
si la expresión reducción de daños tiene algún significado para Gonzalo
Robles y su Plan Nacional sobre Drogas.
No quieren que nadie cultive, prefieren que todo el mundo compre chocolate
de dudosa calidad y a precio de oro a las mafias. ¿Por qué? Estas incautaciones
de plantaciones caseras afectan especialmente a un colectivo ya de por
sí suficientemente castigado, como es el de los enfermos de un buen número
de males (SIDA, cáncer, artritis, glaucoma, etc.) que alivian sus padecimientos
con el cannabis. Si ya es deleznable quitarle las plantas a un consumidor
para que se vaya a algún parque a financiar a las mafias, resulta mucho
más ruin cortarle a un enfermo el abastecimiento estable que tanto necesita
y que es tan difícil de conseguir (recordemos que para determinadas enfermedades
no vale cualquier variedad de cáñamo, sino la conocida como Ruderalis).
Si un consumidor se molesta en plantar es por dejar de comprar en el mercado
negro un hachís adulterado y caro (hasta 6 €/gramo) para consumir una
sustancia mucho menos dañina, cultivada por él mismo y que a la larga
sale bastante más barata. Además, deja de financiar con su dinero a las
mafias del mercado negro, actitud que debería valorarse positivamente
y, por qué no, ser alentada oficialmente como parte de un programa más
amplio que tenga como perspectiva la reducción de daños, y no la represión
de las libertades individuales.
CAMPAÑA DE ACOSO A LAS GROW-SHOPS La persecución de los cultivadores
se complementa con otra campaña de acoso a las tiendas conocidas como
grow-shops. Estos establecimientos aparecieron a partir de 1997 y comercializan
todo tipo de artículos relacionados con el cáñamo, especialmente elementos
para el cultivo. Ya durante la pasada primavera apareció en la prensa
la noticia de la incautación de un alijo de piruletas de cannabis (que
como no son psicoactivas no se pueden considerar droga). En los meses
siguientes, se han inspeccionado sistemáticamente las tiendas. Los resultados
han sido curiosos y dispares. En unos sitios, funcionarios de Sanidad
han confiscado frascos de champú en base a una normativa farmacéutica,
en otros han sido los de Agricultura los que se han llevado los abonos,
y en otros, los objetos requisados han sido caramelos y gominolas con
sabor a cannabis. La finalidad de la campaña, más que lograr el cierre
judicial de las tiendas, persigue poner trabas y molestar a unos empresarios
que pagan sus impuestos como otros cualquiera.
Al igual que en el caso de los cultivadores de marihuana, la mayoría
de causas se archivarán porque no tienen ni pies ni cabeza, pero el daño
de los meses que dura el proceso (juicios, abogados, declaraciones...)
es el arma que esgrime el Plan Nacional sobre Drogas para desalentar a
todos aquellos que quieran abrir establecimientos parecidos. Hace meses
hubo otra campaña parecida de acoso a tiendas que vendían sustancias naturales
con efectos parecidos a las sustancias de diseño (MDMA, LSD,...). Dicha
campaña, con un gran efecto mediático, pasó rápidamente al olvido después
de que dos chicos muriesen por sobredosis de éxtasis en una fiesta de
Málaga. ¿Siempre hay que esperar a que se produzcan desgracias para que
se corrijan los errores? DIEZ AÑOS DE LEY CORCUERA (1992-2002) En 1992
entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Corcuera.
En ella se contemplaban multas para quienes consumiesen o portasen drogas
ilegales en la vía pública. Eran años en los que la heroína golpeaba fuerte
y no eran infrecuentes los toxicómanos que se inyectaban en parques o
callejones, con los consiguientes problemas de salud e inseguridad. Sin
embargo, diez años después de la promulgación de la ley los principales
perjudicados por la medida son unos consumidores que no causan problemas
sociales: los consumidores de cannabis. En el año 2001 fueron denunciadas
112.269 personas en todo el estado.
Es decir, 307,6 multas cada día. Ese año ha supuesto el colofón de un
continuo ascenso (63.855 denuncias en el año 1997). Y para el 2002, la
cifra será aún más alta, dado que, según el Plan Nacional sobre Drogas
ha reconocido que sólo durante el mes de julio han sido denunciadas casi
11.000 personas por tenencia de drogas en lugares públicos en actuaciones
que corresponden a la Guardia Civil (habría que sumarle las actuaciones
del resto de policías nacionales, autonómicos y locales para tener la
cifra total).
La Guardia Civil, durante todo el verano de 2000 (Operación Menudeo)
puso un total de 15.295 denuncias. Por la gente que pasa por la AMEC en
busca de asesoramiento para recurrir las multas, podemos afirmar que un
90% de los afectados han sido denunciados simplemente por poseer cannabis.
Las razones que se dan para lanzar estas ofensivas contra los consumidores
son la de controlar el tráfico a pequeña escala y evitar la sensación
de impunidad que genera el consumo. Sobre el tema del tráfico, que crea
“alarma social” y degrada la convivencia en las zonas afectadas, es algo
en lo que estamos de acuerdo. Pero los consumidores no son traficantes.
Entre las sustancias aprehendidas en acciones contra el narcotráfico
a pequeña escala durante el mes de julio, destacan los tan sólo 279 gramos
de derivados del cannabis confiscados frente a los 60 kilos de heroína
o las 4.500 pastillas de éxtasis intervenidas. Por lo tanto, no se debería
relacionar a la ligera el consumo de cannabis con el narcotráfico. Además
las autoridades reconocen que el consumo en la vía pública ofrece “una
imagen de impunidad” (nosotros diríamos que la imagen es de normalidad)
y su recurso es, una vez más, la represión pura y dura. Todo esto después
de que la presión sobre los bares que toleraban el consumo de cannabis
en su interior haya provocado que miles de personas se vean obligadas
a consumir en calles y coches, especialmente durante los fines de semana.
Las consecuencias de esto, aparte del efecto económico de las sanciones
(que en el caso de los consumidores más jóvenes suelen ocasionar pequeños
dramas familiares), es que los más de dos millones de consumidores habituales
de cannabis en España se ven obligados a jugar a diario al ratón y al
gato con la policía. Todo esto genera desconfianza en el sistema, dado
que, gente de todo tipo y condición que no vulnera la ley en ningún otro
caso, se ve obligado por las leyes a desobedecer determinadas normas para
ejercer su derecho a consumir una sustancia menos dañina para su salud
que el tabaco o el alcohol, drogas legales con las que el Estado hace
negocio por medio de los impuestos.
EL CAMBIO SOCIAL Este tridente represivo crece en un momento en el que
el consumo de cannabis ya no sufre los estigmas del pasado. Desde el histórico
informe de la Organización Mundial de la Salud de 1998, en el que se certificaba
que el cannabis es una droga menos peligrosa que otras tan legales y familiares
como el tabaco, el alcohol o la cafeína. La gente cada vez está más informada
respecto a la planta (su cultivo, su consumo, etc.) y se multiplican los
estudios médicos que demuestran su utilidad para tratar determinadas dolencias
como el SIDA o el cáncer.
La percepción de riesgo asociada al cannabis está en mínimos históricos.
Como ejemplo, a pesar de las campañas alarmistas del Plan Nacional Sobre
Drogas y la FAD, tan sólo un 23% de los jóvenes entre 15 y 24 años considera
que el Cannabis lleve aparejado un alto riesgo (esto da una idea de la
eficacia de las multimillonarias campañas de información que periódicamente
llevan a cabo, con dinero público, los citados organismos). La tolerancia
también ha aumentado mucho entre los no consumidores (amigos, familias),
tolerancia motivada muchas veces por la represión que sufren sus seres
queridos. En cuanto al consumo, el Cannabis es la droga (entre las legales
y las ilegales) cuyo uso ha experimentado un aumento progresivo y continuo
en la última década.
A la cifra de más de dos millones de consumidores habituales que citábamos
antes, se puede añadir que un 29,4% de los jóvenes entre 15 y 24 años
lo han probado alguna vez y, de estos, un 15% lo consumen de manera habitual.
Si se mira la encuesta del Plan Nacional Sobre Drogas efectuada entre
jóvenes de 14 y 18 años, el porcentaje de consumidores habituales sube
hasta el 20%. Si ese sector de población es el que más preocupa al zar
antidroga español, resulta que sus políticas informativas y preventivas
(o mejor dicho, la ausencia de unas políticas serias y realistas), estimulan
el consumo en edades en las que es ilegal que consuman incluso alcohol
o tabaco (la edad media de inicio se sitúa en los 15 años).
¿Cuánto cobra el señor Robles? ¿Existe algún tipo de control político
o social sobre los éxitos del Plan Nacional sobre Drogas y la FAD? No
lo parece.
Todos miran hacia otro lado y son los programas sensacionalistas de
la televisión los que cacarean los eslóganes oficiales contribuyendo a
aumentar la confusión (como ha ocurrido con muchas noticias sobre incautaciones
de plantas o como ya había pasado con el éxtasis tras los tristes sucesos
de Málaga –por cierto, otro ejemplo de los éxitos que cosechan las políticas
oficiales de información y propaganda). Creemos que es hora de que empiece
a haber un debate serio sobre las políticas de drogas en este país. La
sociedad ha avanzado, ha evolucionado mucho en estos últimos diez años
y es hora de adecuar las políticas a los nuevos usos sociales. Deben terminar
ya las políticas represivas que lo único que hacen es producir un consumo
más masivo y de peor calidad, con más riesgos para la salud del consumidor.
La reducción de daños debe ser el punto de mira de una nueva política
que apoye al ciudadano en vez de beneficiar a los traficantes y a quienes
blanquean el dinero de las drogas ilegales. Es imprescindible que más
de dos millones de ciudadanos adultos y responsables dejen de sentirse
acosados y perseguidos por las fuerzas del orden y las instituciones.
Es hora de decidir qué solución se les da a los cientos de enfermos que
preguntan en las asociaciones cómo conseguir algo de marihuana para soportar
la quimioterapia o mejorar sus articulaciones.
Ese debate debería comenzar antes de que en la primavera del año 2003
se celebre en Viena una sesión extraordinaria de la ONU para analizar
los resultados de los cinco primeros años de aplicación del Plan Antidroga
aprobado en la Asamblea General sobre Drogas del año 1998. Allí nuevamente
se repetirán las tensiones entre los países proclives a la mano dura (empezando
por los EEUU) y aquellos que buscan alternativas diferentes para sus problemas
(países europeos, con Holanda, Suiza, Gran Bretaña y Alemania a la cabeza,
y varios estados andinos con movimientos cocaleros como Bolivia). La delegación
española debería tener claros cuáles son los principios que deben inspirar
las políticas sobre drogas del futuro y no apoyar planes que resultan
auténtica ciencia-ficción.
Como muestra, en la Asamblea del 98 se aprobó que en el año 2008, en
el planeta Tierra no habría ni cocaína, ni heroína, ni cannabis, ni éxtasis,
ni... Pero para tener una perspectiva internacional primero hay que tener
una nacional, algo que sin debate, sin un análisis sincero de la situación,
no será posible. En materia de drogas, especialmente en el caso del cáñamo,
España sigue siendo el país de la chapuza y la improvisación.
Recogido de la lista de correo del ICN
El Mundo se hacía eco del dossier de la AMEC la semana pasada:
CONSUMIDORES DE "CANNABIS" DENUNCIAN UNA CAMPAÑA DE ACOSO CONTRA SUS
PLANTACIONES. LA MAYORÍA DE PROCESOS CONTRA CULTIVADORES NO LLEGA A JUICIO
EL MUNDO, 27/10/2002
Con la ley en la mano, el cultivo de cannabis está prohibido y penado
con hasta tres años de cárcel. Sin embargo, el autocultivo para consumo
personal es un fenómeno muy extendido en nuestra región. Son cada vez
más los que aprovechan una pequeña parcela de su jardín, un macetero o
hasta un armario para obtener supropia cosecha, que suele durar todo el
año. Entre ellos hay gente de todos los niveles socioeconómicos. La Asociación
Madrileña de Estudios sobre el Cannabis (AMEC) se ha erigido en portavoz
de todos estos cultivadores.
Se sienten "acosados y perseguidos", por realizar una actividad que
presentan como alternativa a las adulteraciones, altos precios y marginalidad
que supone el mercado negro. Acusan a las autoridades de haber emprendido
desde el pasado verano "una ofensiva sin precedentes contra los cultivadores
de cáñamo para su uso personal". Añaden que esta "cacería se completa
con una campaña de acoso a las tiendas que venden material de cultivo,
las "grow-shop"...
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